Con las nuevas políticas de la Administración Biden en materia de inmigración, el panorama de la inmigración delictiva en Texas ha empeorado lamentablemente. Los laxos procedimientos de aplicación del Gobierno Federal han provocado el desacuerdo de los Estados. En Texas, el desacuerdo es especialmente difícil resultando en una injusticia horrenda para los inmigrantes.
Panorama de la inmigración ilegal en Texas
Los migrantes detenidos por Texas en la represión fronteriza son encarcelados durante semanas sin asistencia letrada ni cargos formales
Los abogados defensores han empezado a pedir a los tribunales que pongan en libertad a los inmigrantes porque los sistemas de justicia locales, desbordados por las detenciones en el marco de la campaña de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, violan sistemáticamente la legislación estatal y las garantías procesales constitucionales.
Cientos de inmigrantes detenidos en el marco de la ofensiva de seguridad fronteriza "captura y encarcela" del gobernador de Texas , Greg Abbott, llevan semanas en prisión sin que se hayan presentado cargos contra ellos, y docenas fueron encarcelados durante más de un mes sin que se les asignara un abogado.
La mayoría de los hombres son latinos y muchos no hablan inglés. Detenidos en la frontera y llevados a prisiones a cientos de kilómetros de distancia, han pasado semanas o meses sin apenas ayuda legal, con pocas oportunidades de hablar con sus familias y, a menudo, de saber qué les ocurre o cuánto tiempo permanecerán encarcelados.
Citando las violaciones generalizadas de las leyes estatales y de las garantías procesales constitucionales que se han multiplicado a medida que los sistemas judiciales locales siguen desbordados por el volumen de detenciones, los abogados defensores y los grupos de defensa de los inmigrantes piden a los tribunales que pongan en libertad a los hombres.
"No podemos tener un país o un sistema en el que la gente está siendo acorralada de esta manera y en cierto modo arropada y escondida sin la supervisión y los derechos respectivos que exige la Constitución", dijo Amrutha Jindal, un abogado defensor de Houston cuya organización, Restoring Justice, fue asignada recientemente para representar a decenas de migrantes. "El sistema se desmorona sin el debido proceso".
La oficina de Abbott no ha respondido a las preguntas sobre los retrasos judiciales. Abbott ha seguido elogiando a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas por las detenciones y criticando las políticas de inmigración del gobierno federal, al que culpa del reciente aumento de los cruces fronterizos.
Según la ley de Texas, a los acusados de delitos penales se les debe asignar un abogado en el plazo de tres días desde que lo solicitan. La ley estatal también exige que los acusados sean puestos en libertad si los fiscales retrasan los casos por no presentar los cargos rápidamente. En el caso de allanamiento de morada, cargo por el que se detuvo a la gran mayoría de los migrantes encarcelados, ese plazo es de 15 o 30 días, según el nivel de la acusación.
Ambos plazos se han quedado en el camino mientras Abbott, antiguo juez del Tribunal Supremo de Texas y fiscal general del estado, sigue adelante con su iniciativa de que la policía estatal detenga a los inmigrantes sospechosos de entrar ilegalmente en el país por delitos estatales como allanamiento de morada o contrabando de personas. Desde el inicio de esta iniciativa en julio, unos 1.000 inmigrantes han sido enviados a dos prisiones de Texas convertidas en cárceles de inmigrantes. El viernes, casi 900 hombres permanecían encerrados, según informaron funcionarios de prisiones.
Los defensores públicos de Texas afirman que hace una semana y media se asignó a su organización la representación de unos 50 de esos hombres, pero muchos habían sido detenidos a principios de agosto de 2021 y llevaban casi seis semanas en prisión sin abogado. Después de reunirse con los hombres la semana pasada, dijo que la mayoría no sabían si podían salir bajo fianza y no sabían cuánto tiempo podían esperar permanecer encerrados. En el caso de algunos, los abogados aún no tenían todos sus expedientes del condado donde fueron detenidos.
"No tenían a nadie que se comunicara con ellos sobre sus casos o su proceso", dijo la oficina de defensores públicos, añadiendo que para la mayoría de ellos era su primera vez en Estados Unidos. "Están sentados en la cárcel y el secretario no tiene constancia de que existan".
El condado de Kinney, una región rural conservadora cerca de Del Rio, ha visto con mucho la mayoría de las detenciones de migrantes - que representan más del 80% de todos los encarcelados bajo la iniciativa de Abbott el viernes. Jindal dijo que casi todos sus nuevos clientes que habían estado sin abogados durante semanas fueron arrestados en Kinney, y que no eran los únicos.
Tully Shahan, un juez del condado de Kinney, dijo recientemente que algunos hombres no solicitaron un abogado, e incluso si lo hubieran hecho no había abogados defensores locales para tomar sus casos. En una moción judicial presentada este mes contra el nuevo sistema de justicia penal para inmigrantes, abogados defensores de Texas y un abogado defensor de los derechos de los inmigrantes argumentaron que los funcionarios locales pidieron a los inmigrantes detenidos que firmaran documentos en los que renunciaban a su derecho a un abogado sin saber lo que estaban firmando, ya que los documentos estaban en inglés.
Otra petición judicial afirma que, hasta 2022, 300 hombres habían estado en prisión sin que se presentaran cargos en el plazo de 15 días por allanamiento de morada. La mayoría fueron detenidos en el condado de Kinney. La petición fue presentada por Texas RioGrande Legal Aid, que defiende a la mayoría de los migrantes detenidos, y pide su liberación inmediata con fianzas sin coste.
La semana pasada, el fiscal de delitos menores del condado, Brent Smith, había presentado cargos penales contra entre 50 y 75 hombres, según el secretario del condado. Casi 730 de los migrantes que se encontraban el viernes en prisiones de Texas habían sido detenidos en el condado de Kinney a partir del pasado mes de julio.
Smith, que asumió el cargo en enero de 2021 y ha repetido la retórica antiinmigración en memorandos y ha hablado en contra de los migrantes por supuestamente causar daños en su propiedad, no ha respondido a las llamadas o correos electrónicos por sus comentarios.
En el vecino condado de Val Verde, donde se encuentra Del Rio, donde comenzaron las detenciones de migrantes, un puñado de vistas judiciales -para unos 15 o 20 hombres cada una- han permitido la puesta en libertad de acusados que, o bien aceptaron ofertas de penas de 15 días, que los migrantes ya habían cumplido, o bien se desestimaron sus cargos. Esos hombres son enviados a las autoridades federales de inmigración para su deportación, más detención o puesta en libertad en Estados Unidos a la espera de las audiencias de asilo.
Aún así, unos 50 hombres detenidos en el condado de Val Verde llevaban más de 15 días este mes a la espera de que se presentaran cargos formales, según la petición de TRLA. El fiscal del condado de Val Verde, David Martínez, dijo que no estaba disponible para hablar con The Texas Tribune el viernes.
En el condado de Kinney, ninguno de los cientos de hombres detenidos tenía fecha fijada en el juzgado desde las últimas semanas de 2021 debido a los retrasos.
Shahan dijo el jueves que se iban a fijar seis citas judiciales en los próximos dos meses. Explicó los retrasos diciendo que su condado es pequeño y con recursos limitados, con sólo unos 3.000 residentes y un sistema judicial con pocos empleados. Él maneja el presupuesto del condado y las operaciones, así como los casos de delitos menores, y Smith es el único abogado que procesa delitos menores.
"Ha habido una afluencia masiva de gente y hemos tenido un cuello de botella", dijo Shahan. "No es una excusa, es sólo un problema real con el gran número".
Los grupos de defensa y los funcionarios de los condados coinciden en que los sistemas locales no estaban preparados para la afluencia masiva de detenciones que han visto. Después de que comenzaran las detenciones y surgieran rápidamente problemas legales y logísticos, los funcionarios estatales trabajaron entre bastidores para proporcionar rápidamente apoyo judicial y pagar los costes legales. Cuando el mes pasado el estado descubrió que el condado de Kinney había procesado a más de un centenar de hombres sin darles abogados, los funcionarios se movilizaron para que un nuevo sistema estatal se hiciera cargo de las reservas iniciales, como lo había hecho para las detenciones de Val Verde.
Pero aún así se produjeron retrasos prolongados. Para ayudar a proporcionar servicios de defensa, la Oficina de Defensores Privados de Lubbock fue asignada por el estado en julio para designar abogados a los migrantes encarcelados. Shannon Evans, directora ejecutiva de la oficina, dijo que esperaron el papeleo del condado de Kinney durante semanas en esas detenciones iniciales. Una vez que recibieron los expedientes judiciales, tuvieron que rebuscar entre los documentos manuscritos y desorganizados del juzgado para relacionarlos con los arrestados.
"Había una gran brecha en la comunicación y en la parte tecnológica [en el condado de Kinney]", dijo, añadiendo que creía que con el nuevo sistema el problema se solucionaría.
Pero a medida que pasa el tiempo y afloran más grietas, los cientos de hombres se quedan esperando en prisión, lo que ha provocado que los tribunales hayan presentado recientemente demandas para liberarlos del nuevo sistema que los abogados defensores alegan que es inconstitucional.
"El programa ha dado lugar a un sistema jurídico penal separado y desigual para las personas sospechosas de entrar ilegalmente en los Estados Unidos", dijo una moción presentada en el tribunal de distrito del estado este mes por abogados defensores de Texas y un abogado nacional de derechos de los inmigrantes. "En esta farsa alternativa, los derechos constitucionales están suspendidos y el debido proceso es inexistente".
La moción, que es una de las pocas que se han presentado recientemente en el tribunal de distrito que abarca los condados de Val Verde y Kinney, solicita la puesta en libertad de un acusado basándose en parte en las alegaciones de que su detención es inconstitucional porque estuvo detenido 41 días sin abogado y la iniciativa de seguridad fronteriza del estado detiene por cargos de allanamiento sólo a hombres que son principalmente hispanos. En otra vista que se celebrará el mismo día, el juez de distrito Roland Andrade sopesará la petición de TRLA de poner en libertad a 300 hombres.
Entre el retraso y el caos, los abogados temen que los inmigrantes se pierdan en el sistema. La defensora pública dijo que sus abogados no pudieron encontrar a uno de sus clientes asignados cuando fueron a visitar las prisiones la semana pasada. Se suponía que había podido pagar una fianza para ser puesto en libertad, pero no había comunicación clara ni documentación que lo detallara, dijo, ni indicación alguna de si el hombre sería deportado mientras estuviera en libertad bajo fianza. En el caso de otros clientes, dijo que los abogados se vieron en apuros para encontrar documentación que describiera cuándo o por qué fueron detenidos.
Este mal creado por el Gobernador Abbot ha exacerbado el trato ya injusto de los inmigrantes y los acusados de conducta delictiva que pueden caer presa de las normas de Crimmigration. Sin representación con experiencia, usted o su ser querido está casi seguro de encarcelamiento y eventual deportación de los Estados Unidos.
Abogado Penalista en Hindieh Law
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